por: Fabrizio Casari
La violencia desatada en Ecuador encuentra amplia cobertura en las cadenas de noticias y reacciones generalizadas en las cancillerías. Todas condenan unánimemente la violencia de las bandas de narcos que siembran el terror en el país, pero sólo el Departamento de Estado norteamericano propone su “ayuda” al gobierno de Quito.
La propuesta recuerda en cierto modo a cómo se ayudó a Chile y Argentina, pero no es sólo el resultado del reflejo pavloviano del intervencionismo estadounidense en América Latina, sino que es ad hoc. En Ecuador, de hecho, EE.UU. ha adelantado un plan de intervención desde agosto de 2023, contenido en el “Proyecto para Combatir el Crimen Organizado Internacional”. El proyecto, resumido, bien puede describirse como una anexión de facto de Ecuador por parte de EE.UU.. firmado por los respectivos gobiernos a propuesta de EE.UU. y ahora bajo consideración de la Corte Constitucional ecuatoriana.
La proclamación del estado de sitio tras la violencia de los últimos días, que se originó con la fuga de la cárcel del líder de los Choneros y continuó con los enfrentamientos posteriores, interviene con una excepcional y sospechosa oportunidad y tiene precisamente el propósito de presionar al Tribunal Constitucional para que haga oídos sordos y ciegos ante la violación de la Constitución y el fin de la soberanía nacional y abdique de su papel y funciones directamente a la embajada local de EE.UU..
Los enfrentamientos no durarán mucho más, pero las consecuencias sí. El Acuerdo, de hecho, que se divide en tres proyectos, prevé en primer lugar el apoyo de EE.UU. a Ecuador para “mejorar su capacidad operativa para mitigar, interceptar, investigar, perseguir y castigar los delitos que tienen un gran impacto en la viabilidad de las organizaciones internacionales”. El segundo proyecto se refiere al “apoyo a la seguridad de las ciudades y al orden público”. Ofrece apoyo, asesoramiento y medios a la policía y a la policía penitenciaria. Recopilarán datos y realizarán análisis para facilitar al Ministerio del Interior la formulación y ejecución de un plan decenal de modernización de la policía”.
El tercer proyecto se denomina “Fortalecimiento y Reforma del Poder Judicial” y tiene como objetivo la capacidad de investigar, juzgar y condenar a los delincuentes de manera eficaz y eficiente. Fortalecerá la capacidad administrativa y jurídica de la Fiscalía General del Estado, la Procuraduría General de la República, la Corte Nacional de Justicia y otros actores de la función judicial, incluyendo la recién creada Unidad Judicial Especializada en Corrupción y Crimen Organizado”. Este engendro político produjo un desprestigio jurídico con la firma -el 3 de septiembre de 2023- del “Acuerdo de Fuerza Ecuador-Estados Unidos”.
Tal es la libertad absoluta que se concede al personal estadounidense – ya pertenezca al ejército de EE.UU. o a contratistas privados que trabajan para EE.UU. – que supera con creces cualquier disposición legislativa estadounidense. El personal estadounidense está libre de obligaciones, certificaciones y cualquier tipo de tributación; puede andar armado, de uniforme o de civil; no responde a las disposiciones establecidas por las fuerzas de seguridad ecuatorianas; no responde por sus actos bajo ninguna circunstancia; es libre de entrar, salir, transitar y residir en Ecuador sin necesidad de notificar a las autoridades de Quito. Es bueno precisar que en las 5 páginas de las que se compone el Acuerdo, no sólo no prevé ninguna forma de reciprocidad entre los dos países, sino que ni siquiera media línea habla de aranceles estadounidenses en suelo ecuatoriano.
Se trata, en definitiva, de una operación inédita de venta de la dignidad nacional ecuatoriana: ni siquiera las dictaduras militares que se instalaron en América Latina en los años 60-70, bajo la dirección de Washington, habían tenido nunca el valor y la falta de pudor de poner por escrito la venta de un país a un país extranjero.
La violencia de estos días ayuda extraordinariamente al proyecto de la derecha gobernante, que prevé dos pasos precisos: el primero es la difusión de un terror generalizado, transversal a los alineamientos políticos, que tiene su apariencia en el enfrentamiento entre el poder constituido y el contrapoder criminal, pero que en realidad apunta a una operación de manipulación política y mediática para atribuir al correísmo alguna forma de colateralidad con los choneros, que con Correa vieron reducirse su espacio y sus negocios.
El horror sirve para tratar de establecer una conexión entre izquierdistas y narcos que resulta ridícula de sólo pensarla, pero que permite a la extrema derecha, de la que forma parte Noboa, explotar políticamente el clima general de miedo en la población. No se menciona la alianza entre los cárteles y la derecha, que también llevó a la eliminación de un candidato en plena campaña electoral y que ahora parece estar perfectamente preparada para crear un clima que predispone a la opinión pública a aceptar un estado de sitio y a reprimir a la izquierda social y política, asimilándola a la delincuencia y preparando una serie de medidas destinadas a militarizar la sociedad.
Los asesores de EEUU han sido claros: es necesario hacer llegar un mensaje simple y fuerte: quienes se oponen al acuerdo con EEUU – como hace la izquierda – son cómplices de los delincuentes. Los narcos volverán a sus guaridas y Noboa aparecerá como el ‘hombre fuerte’ en quien confiar. En la sociedad ecuatoriana deben pasar como positivos el acuerdo con EE.UU. y la entrega del país, primero de sus instituciones militares y jurídicas, luego de sus recursos energéticos y ambientales. Argentina, para los que no se habían dado cuenta, era sólo el primer bocado.