por: Fabrizio Casari
Sorprendiendo en gran medida a la comunidad internacional, Nicaragua ha decidido restablecer las relaciones diplomáticas con China al más alto nivel y, en consecuencia, romper las relaciones diplomáticas con Taiwán, que siempre han sido comerciales, nunca políticas. No es casualidad que Taiwán nunca haya salido en apoyo de Managua en las distintas etapas de su acción política y que nunca haya tratado de presionar a su principal patrocinador -Estados Unidos- a quien siempre le han recordado que la relación era sólo de negocios. La zona franca es la única porción de territorio nicaragüense que interesaba a los taiwaneses, que ahora sólo son reconocidos por 13 países, aparte del Vaticano, de los 197 que componen toda la comunidad internacional.
Estados Unidos reaccionó condenando la decisión, que dijo era contraria a los intereses nicaragüenses (que protege con sanciones), pero evidentemente no pidió la opinión de sus empleados locales, que le habrían explicado cómo la propia empresa privada nicaragüense siempre había pedido al gobierno sandinista que restableciera las relaciones con Pekín. Algunos observadores han calificado de peculiar que EE.UU. se preocupe por el fin de las relaciones con Taiwán cuando no es así con el resto de países latinoamericanos. Pero esto se debe a una consideración obvia: si con los demás países latinos Pekín es un asunto comercial, en el caso de Nicaragua, Washington no pasa por alto el elemento político de proximidad que apoya y fortalece el área potencial de colaboración; un elemento que es preparatorio de la iniciativa política compartida en la escena internacional.
Con el cierre de las relaciones con Managua, Taiwán pierde también la última franja de asociación político-comercial con Centroamérica, ya que ahora Nicaragua, Panamá, El Salvador y Costa Rica, junto con la República Dominicana, tienen un único interlocutor con China y Honduras prevé, en el programa electoral de la nueva presidenta, Xiomara Castro, la apertura de las relaciones con Pekín y el fin de las de Taipei.
La decisión nicaragüense obedece tanto a cuestiones de principio como a cuestiones prácticas. En el plano de los principios, hay un reconocimiento pleno de la realidad histórico-territorial de China, que incluye a Taiwán como territorio chino de pleno derecho y no como país independiente, y el ejercicio pleno y total de la soberanía china tanto sobre Taiwán como sobre el Mar de China. El estricto apego de Nicaragua a las disposiciones del derecho internacional en materia de respeto al espacio territorial de la tierra, el agua y el cielo, ha sido también el eje de los recursos contra Colombia y Honduras; por lo tanto, es obvio que aún tratándose de otros países, el respeto nicaragüense a la plena integridad territorial no puede subordinarse a contextos políticos que han intervenido posteriormente y que han modificado unilateralmente los bienes.
La reapertura de las relaciones entre Managua y Pekín y el reconocimiento político recíproco eran inevitables y, por parte de China, se ha puesto de manifiesto en los últimos meses con la defensa de Nicaragua en la ONU y el reconocimiento inmediato de los resultados electorales de noviembre. Estos gestos unilaterales de gran valor político se produjeron a pesar de la ausencia de relaciones diplomáticas formales, por lo que fueron aún más meritorios. El nuevo curso de acción retrotrae las relaciones sino-nicaragüenses a los años de la primera etapa de la Revolución Sandinista, cuando fueron interrumpidas por el gobierno de Violeta Chamorro, que por orden de Estados Unidos rompió las relaciones con Pekín y abrió los negocios con Taipei.
Las consecuencias para Estados Unidos y la OEA
Obviamente, junto con las consideraciones políticas relativas al respeto del derecho internacional, la decisión incluye también consideraciones estrictamente políticas y, por consiguiente, comerciales. El aspecto político prevalece, en el sentido de que la fortísima presión de Estados Unidos y de la OEA (las dos siglas son casi sinónimas) sobre Nicaragua, bien representada por la obsesión fóbica de su secretario general Almagro, que interpreta el guión escrito para él en Washington, se adereza regularmente con amenazas de aplicar la Carta Democrática de la organización continental (de la que Managua ha salido). Según algunas interpretaciones periodísticas que circulan, esto podría llevar incluso a la suspensión de Managua del TLC (Tratado de Libre Comercio), lo que supondría dificultades para la continuación de los intercambios políticos, diplomáticos y comerciales entre Nicaragua y parte de América Latina.
Las interpretaciones jurídicas más fuertes consideran que la eventual aplicación de la Carta Democrática no es fácil, porque Almagro, que la ha convertido en una obsesión personal en vista de su carrera a la sombra de Washington, se juega mucho políticamente. Los países que se abstuvieron en la última votación, de hecho, son países de importante peso político y, si confirman (como es casi seguro) su oposición a las medidas unilaterales, sancionarían una división en dos del organismo que se convertiría en la rampa de salida de Almagro.
Además, la prudencia exigiría un mayor razonamiento: obtener 24 votos en una moción de intención es una cosa, obtener el mismo número en una medida muy dura que sentaría un precedente de fácil réplica para muchos de los que tendrían que votarla, parece mucho menos sencillo. Y si no se alcanza el quórum necesario, la permanencia de Almagro en la cúpula de la OEA se convertiría en una broma.
En cualquier caso, la aplicación de lo previsto en materia de sanciones sería muy difícil, aunque sólo sea por el entrelazamiento de las relaciones comerciales que, de fracasar los acuerdos existentes con Managua, obligaría a los pesos implicados a buscar mercados diferentes y seguramente menos convenientes. En definitiva, como siempre, el coste de la furia criminal de Estados Unidos debe ser pagado por sus obedientes aliados.
Intereses mutuos
Con la apertura del mercado chino, el reparto de las exportaciones nicaragüenses está asegurado y la amenaza de bloquear las exportaciones a Managua si no se pliega al dominio del imperio se convierte de repente en un momento de comedia involuntaria.
El cierre de las relaciones con Taiwán y la reapertura de las de China, en este marco, asume un valor absoluto, ya que contempla tanto el paso táctico como el estratégico. La táctica de limitar enormemente el impacto de las sanciones comerciales que finalmente decidieron tanto la OEA como los Estados Unidos con la Ley Renacer, y la Unión Europea. En el plano estratégico, porque China, además de proporcionar una cobertura política del más alto nivel, un peso internacional que compite con el de Occidente y un acuerdo político-militar con Rusia, aliado principal de Nicaragua, tiene un interés decididamente significativo en la decisión de invertir en Nicaragua.
En primer lugar, China, para poder seguir sosteniendo el ritmo de desarrollo a los niveles a los que se proyecta su economía, necesita alimentos y energía y Nicaragua, a su manera, sin duda puede cumplir una función adecuada a las necesidades chinas. En segundo lugar, la posibilidad de reabrir el debate sobre el canal intraoceánico proyectaría el papel de Nicaragua como líder de la Región Centroamericana y, con ello, el de China como potencia mundial capaz de tener una vía privilegiada en la ruta de comunicación entre dos Océanos, el Pacífico y el Atlántico. Desde el punto de vista estratégico, esto es de extraordinaria importancia para ambos.
La opción de reunirse con Pekín es, en todos los aspectos posibles, una mejora decisiva para Nicaragua y el momento parece perfecto, confirmando la habilidad táctica de su presidente, el comandante Daniel Ortega. En vísperas de la toma de posesión del nuevo gobierno, EE.UU. y la OEA se preparaban para socavar su peso y autonomía mediante nuevas sanciones y amenazas, pero quedaron inofensivos. Creyeron erróneamente que el gobierno sandinista podía ser tomado por el cuello y obligado a rendirse, pero la apertura del mercado chino y de los bancos chinos a Nicaragua convierte las amenazas de EEUU en aire caliente y asegura a la patria de Sandino de las represalias financieras y comerciales imperial. La ley Renacer con la que Estados Unidos pensó que podía doblegar a Managua, con la firma de un protocolo diplomático se ha convertido en un texto estéril. La exhibición de potencia se ha convertido en una manifestación de impotencia.