Nicaragua defiende dignidad, soberanía e independencia

• Están presos por transgredir las leyes al cometer delitos contra la soberanía y la paz y no por autonombrarse “precandidatos”
• Es un plan orquestado para generar confusión, miedo y zozobra
• Montaron la alharaca los “independientes” cuando tocaron su fuente de ingresos
• Nicaragua reitera, no es colonia de nadie, ni acepta imposiciones imperialistas

Ciudadanos nicaragüenses, algunos de apellidos oligárquicos metidos en política desde hace varias décadas y otros, que apenas incursionan en el juego político, detenidos por orden de la Fiscalía, para ser investigados, unos en sus domicilios y otros en las celdas de la Policía Nacional, acusados de graves delitos, entre ellos, lavado de dinero, conspiración, incitación a la injerencia extranjera y traición a la patria.

Entre este grupo de investigados por el Ministerio público, en base a la Ley, en defensa de la soberanía y autodeterminación de los nicaragüenses, se cuentan cinco personas que se hacen llamar “precandidatos presidenciales”, sin tener credenciales del Consejo Supremo Electoral (CSE) que los respalde, ya que, de acuerdo al calendario electoral vigente, el proceso de inscripción de candidatos inicia el 28 de julio y concluye el 2 de agosto, previo a las elecciones del 7 de noviembre del 2021.

Diez “precandidatos” surgieron de la nada, al estilo Guaidó, no cuentan con el respaldo de ningún partido político, ni han sido electos democráticamente por nadie, simplemente se pararon frente a unos micrófonos y se autoeligieron, ante periodistas y medios de comunicación previamente financiados por el imperio, quienes se han encargado de fabricarles, promocionarles y conducirles la campaña a nivel nacional e internacional y ahora llamándoles “candidatos presidenciales prisioneros”, con el único propósito de querer desprestigiar, descalificar, descontextualizar y tergiversar las leyes electorales para afectar el proceso de las elecciones.

La Ley 1055, aprobada en la Asamblea Nacional en diciembre del 2020, está fundamentada en la “defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, penaliza la promoción e incitación a la injerencia extranjera y la gestión de sanciones y bloqueos económicos.

El 2 de junio los periodistas y medios de comunicación autollamados “independientes” pagados y financiados con fondos de la USAID atendiendo las órdenes de quién les paga, armaron un escándalo en las redes y medios digitales por la detención en su vivienda de la autonombrada “precandidata” Cristiana Chamorro, quien durante 20 años ha presidido la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (su madre).

Esta Fundación captaba y recibía millonarias sumas de dinero a través de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, (USAID) (fundada en 1961 bajo la administración del presidente John F. Kennedy para financiar y asistir técnicamente las iniciativas de desarrollo de diversos países), fachada de la Central de Inteligencia Americana (CIA) y de otros organismos, con lo cual crearon y financiaron bloques de medios de comunicación para fabricar mentiras con el interés de minar y desestabilizar al Estado de Nicaragua.

El Ministerio de Gobernación encontró inconsistencias en el manejo de los fondos de la Fundación Chamorro, enviando el caso a investigación al Ministerio Público. Desde entonces, han desfilado diversos personajes de la política, ONG, periodistas, banqueros y empresarios del gran capital nicaragüense.

La juez Karen Chavarría del juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, quien giró la orden de captura contra la señora Chamorro, ordenó por consideración, dejarla bajo arresto domiciliar en su casa de habitación ubicada en la carretera sur, previa orden de congelamiento de sus cuentas bancarias.

El 5 de junio, el también autonombrado “candidato” Arturo Cruz Sequeira, fue detenido en el Aeropuerto Sandino, al retornar de Washington, donde, de su propia voz afirmó haber gestionado acciones de intervención de la OEA y sanciones del gobierno norteamericano en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. Actualmente está detenido por 90 días mientras continua el proceso judicial.

El 8 de junio, otro “precandidato” Félix Maradiaga, fue detenido al salir de una entrevista en el Ministerio Público, investigado por actos que menoscaban la independencia del pueblo, incitar a la injerencia extranjera, en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con el financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.

El mismo 8 de junio, en horas de la noche fue detenido el cuarto “precandidato” Juan Sebastián Chamorro García, uno de los dirigentes de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), para ser investigado entre otros delitos, por organizarse junto a otros directivos, con financiamiento de potencias extranjeras, para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, de acuerdo al artículo 1 de la Ley No 1055.

El más reciente de los detenidos la noche del domingo 20 de junio es el periodista Miguel Mora Barberena, el mismo que ha pedido abiertamente la intervención de tropas norteamericanas para que secuestren al presidente Daniel Ortega y se lo lleven a los Estados Unidos, en un caso similar a la invasión en Panamá en 1989 que dejó decenas de muertos, heridos y la captura del general Noriega, con el objetivo de sacarlo del poder.

Caen banqueros, los del FUNIDES y algunos huyen

La detención y prisión preventiva de Luis Rivas Anduray, presidente del BANPRO y de Juan Carlos Sanson, funcionario del BAC Credomatic, además de otros miembros de la junta directiva de FUNIDES, unos detenidos y otros libres, obedece a una investigación sobre aceptar que se “maquillaran los Estados Financieros y haber permitido una gestión abusiva”; también se cuenta con fuertes indicios de atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo, de conformidad con la Ley No 1055.

Dos de esos personajes citados a declarar en relación a la investigación de FUNIDES, el ex ministro de Educación en el gobierno neoliberal de Violeta Chamorro, Humberto Belli Pereira, el mismo que quemó en hogueras las cartillas de alfabetización del gobierno sandinista, ganándose el mote de “Torquemada” (Tomás de Torquemada, inquisidor católico de Castilla y Aragón y organizador del Santo Oficio, del cual fue su presidente). Belli apareció en Miami el viernes 18 de junio, después de huir del país, declarando que salió por “veredas”.

Otro de los citados por el Ministerio Público, Gerardo José Baltodano Cantarero, del Café Soluble no se ha presentado, por ello es requerido con orden de búsqueda y captura por la Policía Nacional.

El pasado domingo 13 de junio fueron detenidos Dora María Téllez y Margarita Vigil, Hugo torres y Víctor Hugo Tinoco, con anterioridad fue detenida Suyen Barahona, todos directivos de Unamos, movimiento de oposición sin personería jurídica, nacido del antiguo MRS. Un día antes, fue detenida la activista política Tamara Dávila Rivas, para ser investigada bajo la ley 1055.

Otros dos detenidos son Violeta Granera, la que quiso burlarse de la Policía a través de las redes sociales, grabando un video, desde su camioneta, con “la chinchinga, la burra chinga” y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) José Adán Aguerri.

Buscan crear confusión

Crear confusión y miedo, es una estrategia del imperio a través de los agentes locales para generar incertidumbre y zozobra en la población. A la par, surgen voces en el Congreso estadounidense amenazando con aplicar severas sanciones económicas a Nicaragua, e igual vociferan eurodiputados. Mientras, el gobierno de Nicaragua aplica sus leyes, (de igual forma como se aplican en otros países) para defenderse de la intentona de desestabilización generada con financiamiento norteamericano, lo cual es perseguido judicialmente en todos los países del mundo.

A solicitud de Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) de la cual forma parte Nicaragua, de manera urgente convocó al Consejo Permanente el 15 de junio, en donde se aprobó una resolución sobre la situación en Nicaragua con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, en la que, entre otros puntos, demandan reformas electorales, liberación de los “precandidatos”, elecciones libres y transparentes de acuerdo a sus intereses y lo que impone Estados Unidos.

El voto de Venezuela en contra de Nicaragua, no corresponde al gobierno legítimo del hermano presidente Nicolás Maduro Moros, es un asiento usurpado por el “presidente encargado” Guaidó a quien muchos países ya no reconocen, en complicidad con los directivos de la OEA y ordenado por el imperio norteamericano. Por lo tanto, es un voto vergonzoso, ilegal, ilícito e inexistente.

Los “precandidatos” no están presos por haberse autoelegidos y aspirar a ser presidentes de Nicaragua, están presos por haber transgredido las leyes, para ser investigados bajo fuertes indicios de estar involucrados en el lavado de una millonaria danza de dólares, financiada por potencias extranjeras y destinados a desestabilizar el país, subvertir el orden constitucional interno, con el objetivo de conducirlo a un nuevo golpe de Estado.

La voz digna y soberana de Nicaragua, se dejó escuchar claramente del embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, quién rechazó la acción injerencista del organismo en los asuntos internos de nuestro país, dejándole claro y en voz alta, que no somos colonia de nadie, ni nos sometemos a dictados extranjeros.