Miguel Ayerdis (*)
Una de las características más sobresalientes de la dirigencia del FSLN, en su devenir histórico, ha sido la defensa de los principios doctrinarios básicos de la organización. El programa histórico del FSLN, es la bitácora más importante que guía la revolución en marcha. Este importante documento, puesto al día en la segunda etapa de la revolución, hace referencia a la defensa de la patria, a la creación de un marco institucional inclusivo, cuya preferencia por los más desposeídos, en una lucha frontal contra la desigualdad, se constituyen en reivindicaciones esenciales del proyecto revolucionario, iniciado en la década de los ochenta del recién pasado siglo XX.
A pesar de lodo y la suciedad lanzada durante décadas, por los enemigos históricos del sandinismo y desertores pusilánimes que, de manera circunstancial, militaron en el FSLN, el proyecto que encierra el programa de 1969, se va haciendo realidad en la segunda etapa de la revolución. Un ejemplo claro de la voluntad inquebrantable, por hacer realidad los sueños de nuestros sagrados héroes y mártires, caídos a lo largo de los casi 60 años (este año los cumple) de la fundación de nuestra vanguardia política rojinegra, son los enormes avances (incuestionables) alcanzados en los últimos 14 años, por el pueblo presidente, al restituirse derechos históricos, negados por los defensores a ultranza del neoliberalismo, como es el derecho a la educación de calidad, salud de calidad, agua de calidad, energía eléctrica para todos, crédito sin discriminación y libre de usura; techo digno para todos, entre otros logros.
Uno de los grandes esfuerzos que, desde el año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) viene realizando, es lo concerniente al ordenamiento legal institucional, con el fin de llenar vacíos jurídicos o normativos; mejorando y/o ajustando leyes o reglamentos al espíritu y objetivos estratégicos del gobierno que preside el Comandante Daniel Ortega. Es un esfuerzo necesario, por ser consustancial con el proyecto de la revolución, con mucha más razón, sabiendo que el contexto de esta segunda etapa de la revolución, es supremamente diferente a la de finales de 1979 cuando triunfó la revolución.
La anterior perspectiva, es esencial para comprender el ritmo (y los tiempos) de los cambios que en términos de la superestructura y la base (usando términos marxistas) se han venido haciendo en estos 14 años de revolución. Lo anterior, está sustentado en una realidad política internacional y nacional, cuya compleja coyuntura, de agotamiento y crisis del sistema capitalista, evidenciada por la pandemia que nos azota; el cambio climático y sus consecuencias desbastadoras, así como las amenazas y agresiones de los viejos y nuevos imperios contra naciones débiles que aspiran a su propio modelo de vida, representan grandes retos para el logro de los cambios y trasformaciones sociales y económicas, necesarias para una vida equitativa e inclusiva.
Entre los esfuerzos por el cambio del modelo social y económico neoliberal implantado por los gobiernos oligárquicos libero-conservador somocista, anteriores al 2007, el gobierno del GRUN tuvo que trabajar a marcha acelerada y con prudencia, sabiendo que el modelo a superar es global y transnacional, con raíces nacionales (oligarquía financiera y pro norteamericana). A partir del año 2007, se establecieron estudios exhaustivos, consultas con diferentes grupos sociales, económicos y culturales del país, cuyo producto fue la elaboración de los Planes Nacionales de Desarrollo Humano (PNDH), dando salida de manera integral y organizada a las demandas de la población, de manera particular, de la mayoría empobrecida.
Para tener una idea de la lógica mercantil e insensible de los gobiernos neoliberales, el CONPES (de triste recuerdo) y otras instancias económicas de los gobiernos neoliberales, elaboraban lo que llamaban “Plan Nacional de Desarrollo”, donde la lógica economicista, condicionaba todo plan social para atacar la pobreza, al priorizar la atención a la inversión privada. Lo “Humano” no aparecía por ningún lado, porque era una lógica mezquina, basada en el mercado (como principio y fin último) tal como los acompañantes, donantes y financiadores, les imponían a los dóciles y venales gobernantes y funcionarios de los gobiernos neoliberales.
Otro aspecto importante a tener en cuenta, es el concepto de soberanía existente en la práctica discursiva de gobernantes y funcionarios neoliberales. A nivel personal es obvio, por la historia patria que, por la procedencia de clase, afinidad política, e incluso experiencia de vida (muchos de ellos con residencia en EEUU) el concepto de soberanía (ligada a independencia y autodeterminación) se diluye entre la lealtad o defensa a una bandera nacional, de sus ancestros o antepasados, vista como folklore y la otra, de las barras y estrellas (para hablar de una) a la que le rinden pleitesía y defienden por estar relacionada con “ciertos privilegios” de ciudadano de primer mundo.
Los sectores oligárquicos libero conservadores somocistas que, detentaron el poder durante los gobiernos neoliberales (1990-2006) han construido, en base a su experiencia de vida, un concepto de soberanía, supeditado a la geopolítica y a las pretensiones hegemónicas, imperialista de Estados Unidos y las viejas potencias, hoy integradas y representadas por la Unión Europea y sus instituciones transnacionales. En este sentido, estos grupos vinculados con partidos políticos, se desentienden de leyes o normativas que sustentan valores colectivos de soberanía nacional, autodeterminación e independencia. La razón, la vocación cipaya, abyecta, en favor de otras lealtades transnacionales, o allende las fronteras, que creen redituarles privilegios o en el mejor de los casos, ingresos por medio de donaciones de sus ONGs.
Lo anterior, explica la trágica historia de Nicaragua, donde prominentes figuras políticas del pasado (algunos del presente, siguen esta herencia) sin rubor alguno, han traficado –como de manera oportuna lo dijera el general Sandino– con la honra de la nación. El apelar a la nacionalidad, únicamente por el cálculo político o interés económico, ha sido una constante de los oligarcas nacionales actuales, tal como se ha observado en las últimas semanas en Nicaragua, con el destape de la corrupción de la dueña de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro. Pero también se observa, en políticos, como Arturo Cruz Sequeira que, creyéndose intocables, por tener la ciudadanía norteamericana, al tiempo que se identifican como nacionales, piden la intervención extranjera, sin reparar en el daño que le hacen a toda la nación.
La seriedad y responsabilidad que le ha caracterizado al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) en defensa de la soberanía, la independencia y la paz, le ha hecho tomar medidas importantes, ante las agresiones externas del imperialismo norteamericano y europeo, a que está sometido el país, en complicidad con sectores apátridas que viven en el país. Las leyes N° 1040 (Ley de regulación de agentes extranjeros); N° 1042 (Ley especial de ciberdelitos) Ley N°1055 (Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz), al igual que otras leyes relacionadas con la seguridad y transparencia financiera (Ley N°793 Ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero) tienen el propósito de llenar vacíos legales, además de normar prácticas con el fin de proteger la vida y valores de la colectividades de la nación. Sobre todo, busca reforzar la protección de la convivencia pacífica de todos los nicaragüenses y la defensa de la soberanía nacional.
La detención de Arturo Cruz Sequeira, por parte de la justicia nicaragüense, la semana recién pasada, está en correspondencia con la aplicación de la justicia del país, fundamentada en la ley 1055 Ley N°1055 (Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz). Este señor, representante de la oligarquía, con un corazón lleno de barras y estrellas –por su pasado de vida– hace apología del delito, al pedir sanciones a Nicaragua.
En su tono arrogante y megalómano de lobista en Washington (como en sus viejos tiempos de mercenario de los ochenta) el señor Cruz Sequeira, hace alardes de analista especulador, al señalar en una entrevista: “…cuando estuvo en Costa Rica (el Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos) refiriéndose a Venezuela, pero indirectamente se refería a Nicaragua, de retirar sanciones a cambio de apertura…”. Especulación pura y dura, donde el deseo paranoico lo hace ver “entre líneas” (“indirectamente se refería a Nicaragua”) la realidad deseada.
En la entrevista que anda circulando, enumera posibles escenarios de hechos que no han ocurrido en Nicaragua, como la suspensión de Nicaragua de la OEA y del TLC de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos y el anuncio de la aprobación de la ley “RENACER”. El tono y la forma en que este bisnieto de José María Moncada y Emiliano Chamorro lo dice, refleja el deseo personal más que realidades, al decir, “…en seis meses se va dar…”. Aunque es pertinente señalar que, si del gobierno imperialista de Estados Unidos se trata, todo se puede esperar.
Por último, es importante, poner en perspectiva el paso como embajador de Nicaragua en Washington, de Cruz Sequeira, durante primer período de gobierno de la Alianza Unidad Nicaragua Triunfa. La integración de este personaje, debe entenderse como un gesto del FSLN de apertura y reconciliación entre los nicaragüenses, sabiendo que las cicatrices del conflicto armado de los ochenta, estaban aún presente, no sólo en el imaginario colectivo de los actores involucrados, sino en el sufrimiento que, muchas de estas víctimas, estaban pasando, a consecuencia del abandono producto de las políticas neoliberales. De igual manera, el nombramiento de este señor (conocido en los círculos de Washington y no siendo sandinista) representaba una señal para el gobierno de Estados Unidos, de la voluntad del gobierno del Presidente Ortega, de establecer nuevas relaciones diplomáticas, de respeto y colaboración, sin menoscabo de la soberanía, independencia y autodeterminación de la nación.
(*) Director de Relaciones Públicas e Internacionales UNAN-Managua