Fabrizio Casari(*)
Evo Morales llegó a México a bordo de un avión militar que le envió Andrés Manuel López Obrador. Perú y Ecuador han negado el derecho de sobrevuelo al avión mexicano y esto ofrece buena idea de lo que son los gobiernos de Lima y Quito. Evo se vio obligado a exiliarse para detener la cacería humana que los golpistas habían planeado, que terminaría solo con la muerte del presidente legítimo de Bolivia y su vice, Álvaro García Linera.
La prensa oficial y sus megáfonos europeos hablan de renuncia, pero entre renunciar y verse obligado a renunciar hay una diferencia llamada Golpe de Estado. Y lo que sucedió en Bolivia es, sin duda, un Golpe de Estado. Llamarlo por su nombre obtendría una condena obligatoria de todos, incluso de aquellos que ahora se están frotando las manos, por lo que está abierto a los posibles eufemismos con los que definir lo que sucedió.
No hubo irregularidades en el recuento de votos en las elecciones, según expertos estadounidenses. Pero, ¿de qué sirve contar los votos, si el voto que decide es de otro país? ¿De qué sirve desenredarse en la Constitución si se viola? ¿De qué sirve exigir que los organismos internacionales desempeñen su papel si actúan con el estrabismo de la OEA, que exige el cumplimiento del mandato presidencial en Ecuador, pero no en Bolivia?
Estados Unidos y las compañías petroleras multinacionales ordenan el menú que los camareros locales con ropa civil y uniformes militares entregan a la mesa. Un presidente legítimo, que tiene el 47% de los votos, se vio obligado a renunciar. La democracia muere en La Paz y quienes deberían defenderla, militares y policías, son los primeros en enterrarla junto con la dignidad de sus uniformes.
Las hordas fascistas de la derecha boliviana se han desatado para difundir el terror con el mismo guion utilizado en Nicaragua en 2018: personas secuestradas, torturadas, desnudadas y humilladas forzadas a lo peor; asesinatos, casas incendiadas, asaltos a instituciones, el terror en todas partes. Porque cuando el cliente es el mismo, el script es idéntico.
La violencia ha transformado a la minoría en una mayoría. No es necesario ser fiel al gobierno, es suficiente ser indígena para sufrir la ferocidad más atroz. Porque este golpe de Estado es, entre otras ignominias, una venganza étnica, contra un Presidente que había hecho de la amalgamación étnica y la mediación entre los diferentes intereses de clase un signo de reconciliación nacional, herida por un pasado de presidentes sinvergüenzas especializados en ordenar a los militares que disparen contra los nativos para mantener abiertas las billeteras de los privilegios de los blancos.
El odio racista contra Evo
El ejército ha sido parte activa del proyecto golpista. Jugó el papel esperado, advirtiendo al Presidente legítimo que no sería defendido por la amenaza de matarlo, de exterminar a sus ministros y su familia. Ordenó y no sugirió renunciar, imponiendo la agenda golpista: cancelar la votación como la derecha deseaba; expulsar al Tribunal Electoral, como la derecha quería; renunciar, como la derecha ordenaba.
En resumen, si quería salvar el país, Evo podía elegir: obedecer a la derecha sin el ejército u obedecer a la derecha con el ejército. Porque la derecha es, ante todo, el instrumento que usa Estados Unidos para tomarse un país. Y los militares obedecen no a la Constitución boliviana, sino al Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos.
El odio racista contra el primer Presidente indígena de Bolivia es la manifestación visible de un conflicto imposible entre los márgenes de ganancia de las multinacionales mineras y la supervivencia de la parte más humilde de la población, que son fundadores y propietarios de esa tierra bendecida y condenada por los recursos que alberga.
Si Evo Morales no hubiera convertido a Bolivia en un país digno de este adjetivo, no habría sido depuesto. Si no hubiera tenido la audacia de nacionalizar recursos y cortar los apetitos de las multinacionales que festejaban con esos recursos, no habría sufrido un golpe de Estado. Si no hubiera creado y, sobre todo, distribuido riqueza a la población más humilde, no habría sufrido el odio de los ricos.
El golpe en Bolivia no tiene nada que ver con votar, sino con gas, litio y hojas de coca. El senador Ted Cruz y Bob Menéndez, gusanos cubanoamericanos de Florida y compiches de toda vergüenza, con la colaboración de la DEA, han conspirado durante más de un año.
La DEA, que fue expulsada por Evo Morales, es la herramienta que usan los Estados Unidos para penetrar el aparato de seguridad de los diferentes países: con el cuento de la lucha contra las drogas, Washington se infiltra en los aparatos militares de los países donde se encuentran los recursos que necesita pero que los Estados Unidos no produce.
Las quintas columnas del imperio
Los jefes militares bolivianos se vendieron por cuatro centavos, auto-asignándose su valor bruto. Han jurado lealtad a la Constitución, pero su cuenta corriente ha estado bajo el encanto extranjero durante varios años. La asistencia, iniciada en los tiempos de las escuelas de especialización militar en los Estados Unidos, se ha fortalecido en los últimos años.
El jefe de la Policía, Vladimir Calderón, fue agregado militar de Bolivia en la embajada de Washington hasta diciembre de 2018. El comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia también fue agregado militar en la embajada de Bolivia en Washington de 2013 a 2016. Estos dos casos resaltan uno de los principales problemas para las democracias latinoamericanas: la fuerte, directa e ilimitada interferencia de los Estados Unidos. Es práctica habitual el abordaje por parte del FBI, la CIA y la NSA de diplomáticos y militares presentes en las embajadas de países considerados “delicados”.
Es uno de los casos en que los representantes del aparato militar y de seguridad latinoamericanos entablan una relación con el aparato de seguridad del país anfitrión y, de ser representantes de los intereses de su país en los Estados Unidos, se convierten en representantes de los intereses de los Estados Unidos en su país. Con los mismos fines, Washington propone la cooperación militar y la formación de jerarquías militares y los principales rangos del poder judicial se llevan a cabo en los Estados Unidos.
No solo eso: durante al menos 15 años, los EE. UU. también han tomado la formación de estudiantes universitarios considerados particularmente adecuados para el papel de líderes políticos. Con maestrías, títulos, cátedras y los dólares compran la colaboración fiel de los nuevos sirvientes útiles, quienes a cambio de tal afecto tendrán que trabajar para los fines sucios que los EE.UU. les ordena. Militares, jueces, líderes políticos y ejecutivos financieros, estas son las figuras en las que Washington invierte para la construcción de auténticas quintas columnas dentro de los países de intereses estadounidenses.
En el caso de magistrados y militares, es inútil retrasarse. Puedes elegir el adjetivo, puedes encontrar factores atenuantes, pero se llama traición. Se venden por dinero, por carreras, por frustración o por ambición desmesurada; algunos se venden incluso por el placer de complacer, por la actitud arrodillada, y en este caso son los que se venden a precios más baratos, adecuados a su dignidad.
La traición es una categoría de la política y de la guerra y, por lo tanto, pertenece a la esfera civil y militar. Pero es precisamente el militar, por definición destinado a la defensa de la patria, de su integridad territorial y de sus riquezas lo que, cuando ocurre, es más llamativo. Mucha pasión por los uniformes, botas y desfiles, gorras y medallas, grados y destellos de tacones y luego, simplemente, por nada o por poco se venden, ricos en cobardía con la esperanza de que ésta se cotice en dólares.
Mientras, en el país continúan los enfrentamientos entre la Policía y los partidarios de la democracia constitucional. Frente a los nativos que descendieron a la capital, los grupos fascistas y racistas que deambulaban por el país huyeron, dejando la tarea de detener los indígenas y mineros a la policía golpista. Policía que ahora ha encontrado nuevamente sus motivaciones en dólares para salir de los cuarteles; otra vez obedece a las órdenes, que también implican abrir fuego contra los manifestantes.
La solución política sigue siendo una gran incógnita para los golpistas. Si no desea desencadenar un repudio internacional contra el golpe y continuar con la historia de las elecciones, se debe volver a votar. Para hacerlo, sin embargo, se necesita el voto favorable de la Cámara y del Senado, ambos controlados por el MAS de Evo Morales.
Hay que ver si están dispuestos a votar. Si no votan, los golpistas deberán disolver las Cámaras con un decreto. Pero ¿quién lo emitiría? Incluso la mayoría de los diputados podría elegir el terreno de la Cámara usurpada, según el modelo venezolano que tanto éxito hubo en las cancillerías occidentales cuando se trató de Venezuela.
Mientras tanto, la tendencia de pasar del drama al melodrama siempre está presente y sucede que una senadora improvisada, Jeanine Añez, abogada y esposa de un parlamentario colombiano, enemiga acérrima de Evo, pero conocida sobre todo por su competencia en los peinados sin placa y rulos, se ha autonombrado jefe de Estado en función temporal. Lo hizo sin el voto de la mayoría de los parlamentarios, pero ella espera asumir el papel abusador. Tiene ya el traje para la ceremonia. Pequeños Guaidos crecen.
Según la Constitución, las elecciones convocadas por Evo deberían llevarse a cabo dentro de 90 días, pero probablemente primero escribirán un decreto que privatice los hidrocarburos y luego -de esto puede estar seguro- “milagrosamente” Chevron y Esso ganarán la licitación por el saqueo. Mientras tanto, los militares tienen un gran apetito y bolsillos con agujeros, piden más dinero y tiemblan para tomar la delantera en el país; quieren decidir cuándo y con qué reglas enviar a los bolivianos a votar. O tal vez hacerle olvidar el voto por mucho tiempo.
(*) Periodista, analista político y director del periódico online www.altrenotizie.org