Por Fabrizio Casari
Si se quisiera buscar un elemento simbólico para describir la crisis de identidad política y de perspectiva de la Unión Europea, auto convertida en una extensión de Estados Unidos por una caravana de improvisados gobernantes aficionados, sin duda se podría probar con el asunto de la confiscación de activos rusos tras el conflicto de Ucrania. El asunto en sí tiene una mezcla de subordinación política, ilegitimidad legal e incapacidad estratégica fácil de describir.
El Consejo de Europa, reunido desde el pasado jueves en Bruselas para abordar la cuestión de la continuación de la ayuda a Ucrania -es decir, la prolongación de su martirio, necesario para mantener viva la táctica europea y estadounidense evitando el retroceso políticamente vergonzoso que ya se está produciendo sobre el terreno- había encontrado sobre la mesa una idea nacida en los pasillos de la Casa Blanca, por tanto astuta desde el punto de vista propagandístico pero esperpéntica desde el punto de vista jurídico: poner a la venta los activos y depósitos bancarios rusos incautados tras el inicio del conflicto en Ucrania.
Como siempre ocurre con las propuestas de EEUU a la UE, la idea perjudica a Europa pero favorece, o al menos no penaliza, a EEUU. No en vano, es en la UE donde se han incautado los dos tercios del capital ruso (200.000 millones de euros), mientras que entre EE.UU., Reino Unido y Canadá las incautaciones totales no superan los 5.000 millones. Por tanto, todas las consecuencias negativas de una operación de este tipo recaerían sobre Bruselas. Veamos cuáles.
Hay que recordar que las incautaciones, tanto de depósitos bancarios como de bienes muebles e inmuebles, se dieron en aplicación de las sanciones dictadas por Bruselas contra Moscú, pero los diversos y ya numerosos paquetes de sanciones adolecen de un pecado original: son ilegítimos desde el punto de vista del Derecho Internacional.
Lo son tanto en el método, porque el único organismo legalmente reconocido para imponer sanciones es Naciones Unidas (y no Estados Unidos ni la Unión Europea), como en el fondo, porque la inspiración rusófobica ha llevado a la UE a embargar bienes y cuentas que no pertenecen solo a entidades gubernamentales rusas, sino también a ciudadanos particulares y empresas privadas no directamente atribuibles al Kremlin. No es casualidad que ya se haya presentado un gran número de recursos ante los tribunales de toda Europa, tanto por parte del gobierno de Moscú como de ciudadanos rusos a título individual.
Tanto más con litigios pendientes, es jurídicamente insostenible una acción de fuerza como enajenar con una decisión extrajudicial un bien cuyo embargo es objeto de litigio, y la aplicación de tal decisión en varios países europeos indica claramente cómo la decisión política se superpone a la jurídica, que es la única posible en un litigio. Sería el paso del “embargo” a la “confiscación”: pero el primero es una medida administrativa por su intrínseca naturaleza temporal, el segundo sólo puede serlo en aplicación de una sentencia que actualmente no existe. Por otra parte, en lo que respecta a los activos rusos, no hay proceso penal, no hay denuncia de delito, y tampoco hay investigaciones preliminares. Por eso se habla de “congelación”, que es un instrumento económico. Sin embargo, los bienes congelados no pueden subastarse ni cederse. Siguen siendo propiedad de sus dueños y nadie puede hacer uso de ellos: si, por ejemplo, una entidad financiera realiza cualquier operación con el dinero de una cuenta congelada, comete un delito.
Ahora bien, suponiendo que los activos puedan venderse rápidamente, y habiendo establecido que su valor máximo es de 200.000 millones de euros, está claro que su venta a corto plazo debe planificarse con una reducción de valor de al menos el 50%. Eso dejaría sólo 100.000 millones, la cuarta parte de lo que Kiev ha recibido hasta ahora y que, al igual que la inyección de todos los sistemas de armamento y cientos de millones de balas, ha demostrado ser inútil para la situación militar sobre el terreno.
¿Quién gana y quién pierde?
El mayor riesgo es para Europa. Una apropiación final de los activos incautados, en ausencia o incluso en presencia de resoluciones judiciales favorables, abriría una cadena de problemas que podría engullir a la UE. En el depositario central belga Euroclear, el banco central ruso tiene depositados unos 190.000 millones de euros, actualmente congelados. Moscú había elegido el euro por considerarlo una moneda más segura y fiable que el dólar. Si estos activos fueran efectivamente confiscados, la fiabilidad de la moneda europea en el mercado internacional se resentiría. Para Estados Unidos y el Reino Unido, es decir, el dólar y la libra esterlina, valdría la pena, pero no para el euro, porque los efectos que tal elección tendría en los mercados de capitales y en el euro son fáciles de imaginar.
Muchos otros países, China en primer lugar pero no sólo, podrían sentirse amenazados y retirar sus capitales de Europa, quizás poniéndolos a buen recaudo del Banco Internacional de los BRICS. Los resultados serían muy graves para la estabilidad financiera del Viejo Continente porque cesarían las inversiones extranjeras en las bolsas europeas y porque se agotaría el sistema bancario europeo, forzando así a la UE a una crisis financiera sin precedentes. La propia directora gerente de Euroclear, Lieve Mostrey, advirtió en una entrevista al Financial Times de los peligros que acarrearía tal medida para la estabilidad del sistema del euro. El Banco Central Europeo también expresó serias dudas y según la Asociación de Bancos Privados Suizos, refugio seguro y discreto por excelencia de los patrimonios extranjeros, sería “sorprendente que los derechos de propiedad y de procedimiento dejaran de respetarse en Suiza”. Si el Parlamento aprobara un proyecto de ley a favor de la confiscación de activos, ello “tendría sin duda un impacto duradero en la confianza de los inversores en el sector financiero suizo y en su credibilidad”.
Para hacerle frente, tendría que idear operaciones de rescate extraordinarias y sangrantes sin contar con la capacidad de resistencia y liquidez financiera que tenía hasta febrero de 2022, cuando el fin del suministro barato de energía y de las importaciones y exportaciones con Moscú, seguido de la asignación a Kiev de 81.000 millones de euros en ayuda financiera y otros 33.000 millones en apoyo militar, hicieron que la situación económica europea fuera todo menos halagüeña. Además, los cincuenta mil millones previstos para la entrada de Ucrania en la UE y una situación laboral con más de 50 millones de parados no auguran nada bueno para posibles aventuras financieras.
Del cilindro europeo salió entonces la idea: calma y tiza, el proyecto va, pero sólo sobre los beneficios, no sobre el capital. Sólo que tiene el mismo defecto en cuanto a legitimidad, y también en cuanto a la posibilidad real de realización: para obtener beneficios, habría que gestionar los activos, por lo que habría que poner en marcha estructuras de gestión (caras) y plazos medio-largos (que Ucrania no tiene). Mientras tanto, hay que tener en cuenta que desde hace dos años la UE gasta miles de millones en su mantenimiento, obligatorio en todas las incautaciones de activos pendientes. Sólo en Italia, por unos 1.000 millones de euros en activos incautados, el Estado gasta 17 millones de euros al año.
La idea de cumplir su función pisoteando el Derecho Internacional demuestra en todos los ángulos posibles la pérdida de referencia política y cultural. Abdicar definitivamente de los principios inspiradores de los padres fundadores de la UE demuestra su total falta de papel, su incapacidad para construir una propuesta de salida negociada y diplomática al conflicto, traicionando así las expectativas de sus partes interesadas (los ciudadanos y las empresas de Europa), de su aliado (Ucrania) y de sus contrapartes (Rusia) que, por diferentes razones y con diferentes objetivos, esperaban de Bruselas una decisión diferente.
La responsabilidad en la desastrosa jugada del conflicto entre Rusia y Ucrania, en la que se optó por la línea de la obediencia servil a Washington ignorando los intereses europeos, está a la vista de todos. La UE se encuentra ante un abismo. La cuestión es si se detendrá o no a tiempo.