Stephen Sefton, Tortilla con Sal, 17 de junio de 2021
Después de perder las elecciones de 2011 estrepitosamente al Frente Sandinista, la oposición política de Nicaragua se dividido entre partidos políticos convencionales dispuestos a seguir trabajando en la legislatura del país y una oposición extraparlamentaria basada principalmente en ONGs locales. El gobierno estadounidense renunció a apoyar financieramente a los partidos políticos de la oposición nicaragüense para centrarse en la consolidación de un bloque opositor, explotando la figura de la “sociedad civil”, pero de manera que excluía a las principales organizaciones sindicales y campesinas del país y también al numeroso movimiento cooperativo. Todas las organizaciones integrantes de esta falsa y exclusiva sociedad civil fueron financiadas directamente por los gobiernos de Estados Unidos y sus aliados, o indirectamente a través de fundaciones extranjeras con financiamiento corporativa o estatal.
Tras un período de acumulación de recursos de 2011 en adelante, esta oposición extraparlamentaria montó el violento intento de golpe de Estado fomentado por elgobierno de los Estados Unidos que duró desde abril hasta julio de 2018. Pero los principales partidos políticos de la oposición en su mayoría respetaron las instituciones del país y se abstuvieron de participar tanto en la violencia extrema generalizada como en el diálogo nacional entre los promotores del golpe y el gobierno. Por esa razón, ninguna figura destacada de los partidos políticos de oposición de Nicaragua se ha visto afectada por la reciente serie de detenciones de personas ligadas a las organizaciones que siguen con sus planes de desestabilizar el país como hicieron durante el golpe de Estado de 2018.
Todos los arrestados enfrentan acusaciones bien sustentadas por actividades ilegales que incurrirían en un proceso penal en Estados Unidos, cualquier país de la Unión Europea y prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. La principal acusación formal contra todos los individuos investigados es la de actuar en violación de la Ley 1055 de Nicaragua, “Ley para la Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Según esta ley, es un delito buscar la injerencia extranjera en los asuntos internos del país, solicitar una intervención militar, organizar actos de terrorismo y desestabilización, promover medidas económicas, comerciales y financieras coercitivas contra el país y sus instituciones, o solicitar y acoger sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos.
Además, Cristiana Chamorro, de la Fundación Violeta Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Félix Maradiaga, del Instituto de Estudios Estratégicos y de Políticas Públicas (IEEPP), y Violeta Granera, del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), también podrían enfrentarse a cargos por blanqueo de capitales y por infringir la ley de “Agentes Extranjeros”, que obliga a todas las organizaciones que reciben financiación del extranjero a registrarse ante las autoridades, a informar de la cantidad de dinero recibida y de su uso. La ley refuerza la ya existente Ley 147 que regula las organizaciones sin ánimo de lucro bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación (MIGOB), la cual obliga a las organizaciones sin ánimo de lucro a informar anualmente sobre sus fuentes de ingresos y cómo se ha gastado el dinero.
A pesar de las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación internacionales en sentido contrario, ninguna de las personas detenidas había sido seleccionada por ninguna de las alianzas o partidos políticos de Nicaragua como posibles candidatos para las próximas elecciones generales del 7 de noviembre de este año. Cristiana Chamorro, Juan Sebastan Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga habían declarado anteriormente que aspiraban a la candidatura de un u otro de los partidos políticos, muy probablemente la alianza política de Ciudadanos por la Libertad. Pero ninguno de ellos estaba formalmente en consideración. En cualquier caso, como han señalado muchos observadores, la figura de su posible candidatura en las elecciones ha servido de cortina de humo para distraer de las acusaciones penales que pesan sobre ellos, por las que se enfrentarían a un proceso judicial en prácticamente cualquier país del mundo.
El otro grupo principal de la oposición extraparlamentaria nicaragüense que se enfrenta a una acusación en virtud de la Ley 1055 es el de los dirigentes del movimiento político Unamos, anteriormente el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS). Se trata de los ex dirigentes sandinistas Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres Jiménez y de sus colegas más jóvenes Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Tamara Dávila. Con el cambio político cosmético del MRS a Unamos, la vieja guardia del MRS ha intentado restar importancia a su pasado sandinista y a sus vínculos con la red de excombatientes partidarios del MRS. Un grupo relativamente pequeño, pero experimentado y comprometido, de estos excombatientes afines al MRS desempeñó un papel clave en la organización, dirección y liderazgo de la violencia de 2018, la cual provocó más de 260 muertes.
Dora Maria Tellez (izq.) y Hugo Torres (derecha) del MRS hacen campaña en as elecciones municipales de 2008 con el banquero Eduardo Montealegre, apoyado por EE.UU. como candidato a Alcalde de Managua del PLC, partido derechista del ex-presidente Arnoldo Alemán.
El ex héroe guerrillero Hugo Torres es reportado por el diario británico The Guardian señalando en relación a los recientes arrestos de conocidas figuras de la oposición en Nicaragua “…así es la vida: aquellos que alguna vez mantuvieron sus principios en alto ahora los han traicionado.” Torres debería saberlo. Ha colaborado con la intervención del gobierno estadounidense en Nicaragua desde al menos 2005. Desde entonces, hasta hace muy poco, Téllez, Torres, Tinoco y otros ex sandinistas como Mónica Baltodano y Henry Ruiz engañaron con éxito a sus partidarios extranjeros afirmando que eran leales a algún tipo de sandinismo auténtico que nunca pudieron definir del todo.
Mónica Baltodano se hizo pasar por una superrevolucionaria, engañando a los izquierdistas, especialmente en Europa, mientras colaboraba estrechamente con la derecha nicaragüense y aceptaba una importante financiación para su ONG Popol Nah por parte de la Unión Europea y la USAID. De 2007 a 2011, fue diputada legislativa por el MRS de Téllez y Torres, partido socialdemócrata centro-derechista, en el mismo momento en que ese partido estaba aliado con la derecha de Nicaragua. Por ejemplo, en las elecciones municipales de 2008 hicieron campaña abiertamente a favor del banquero oligarca Eduardo Montealegre, candidato del partido PLC a la alcaldía de Managua, apoyado por las autoridades estadounidenses, cuando el PLC todavía estaba controlado por el corrupto ex presidente Arnoldo Alemán. Por su parte, Baltodano no ha figurado hasta ahora en la reciente serie de arrestos.
Los ex aliados sandinistas de Baltodano en la dirección de Unamos están acusados de infringir la ley contra la colaboración con potencias extranjeras, pero eso puede resultar menos grave que su posible papel en la planificación de nuevos atentados desestabilizadoras, similares a los de 2018. Entre abril y julio de ese año, las activistas de la oposición mataron 22 policías mientras 400 oficiales sufrieron heridas de bala a manos de activistas opositores bien armados. Los ex sandinistas del MRS y sus cómplices, como Medardo Mairena y Francisca Ramírez, del violentísimo Movimiento Anticanal, y obispos y sacerdotes reaccionarias de la Iglesia Católica, como Silvio Báez, Rolando Álvarez y Abelardo Mata, organizaron y apoyaron la extorsión y la violencia masiva generalizada, que incluía asesinatos, torturas, incendios provocados, violaciones y otras agresiones graves que afectaron a muchos cientos de víctimas y sus familias.
Tras el fracaso de la intentona golpista de 2018, las autoridades se abstuvieron de detener a sus organizadores, centrándose en cambio en las personas que habían cometido directamente delitos penales. Posteriormente, la amnistía gubernamental de 2019 supuso que la cúpula del MRS, así como Félix Maradiaga, Cristiana y Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera y sus cómplices, se libraran de ser procesados y condenados por su papel en la intentona golpista. De hecho, los violentísimos sucesos de 2018 fueron un ejercicio masivo de crimen organizado y terrorismo, durante el cual los diversos componentes de la oposición nicaragüense involucrados en él operaron según un programa muy claro.
Por ejemplo, la dirigencia del MRS coordinó a excombatientes experimentados entre los activistas de su movimiento para que ayudaran a organizar la violencia de manera más efectiva, por ejemplo en Masaya. Félix Maradiaga se coordinó con sus contactos en las redes locales y regionales del crimen organizado para atacar edificios públicos y llevar a cabo operaciones de extorsión desde las universidades UPOLI y UNAN de Managua y en docenas de controles de calles y carreteras, los llamados “tranques”, equivalentes a las “guarimbas” en Venezuela. Medardo Mairena y Francisca Ramírez activaron a sus matones del Movimiento Anticanal para que hicieran lo mismo a lo largo de las principales carreteras que conducen a la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Algunos políticos locales renegados de los partidos políticos tradicionales hicieron lo mismo en la carretera que conduce a la Costa Caribe Norte, por ejemplo en Río Blanco y Mulukuku.
Los obispos y sacerdotes de la iglesia católica de derecha garantizaron la logística del intento de golpe, asegurando que las iglesias de las diócesis del país sirvieran de cuartel general para las bandas violentas de la oposición. La organización empresarial privada COSEP también desempeñó un papel importante en la logística, al igual que las ONG alineadas con la oposición, como la organización de derechos humanos CENIDH y Popol Nah de Baltodano, entre otras. Además, organizaciones de derechos humanos como el CENIDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), todas ellas financiadas por gobiernos extranjeros, tergiversaron sistemáticamente los abusos contra los derechos humanos, inventando abusos por parte de las autoridades y ocultando innumerables abusos por parte de lasy los activistas violentos de la oposición.
Al igual que todas esas organizaciones, las ONG de Chamorro – la Fundación Violeta Chamorro de Cristiana, FUNIDES de Juan Sebastián y CINCO de Carlos Fernando Chamorro – también facilitaron el intento de golpe de Estado al distribuir el dinero que recibían de gobiernos y fundaciones extranjeras. Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y otros viajaron internacionalmente proyectando una falsa narrativa de “libertad y democracia”, apareciendo en influyentes medios europeos como la BBC, entre otros. Los medios de comunicación de la familia Chamorro, La Prensa y Confidencial, y la plétora de proxies en línea que crearon con la financiación de USAID, coordinaron la campaña masiva de desinformación en línea para engañar a la opinión nacional y extranjera.
Esta muy compleja operación masiva había sido planificada por las autoridades estadounidenses en coordinación con sus agentes en Nicaragua durante muchos años tras el colapso electoral de los partidos políticos tradicionales de la oposición en 2011. Entre otras cosas, es probable que la actual investigación determine si los Chamorro, los exsandinistas de Unamos y sus aliados opositores, además de su colusión ilegal con la intervención del gobierno estadounidense y de gobiernos europeos aliados, estaban planeando otro intento de golpe de Estado en el contexto de las elecciones de este año. En cualquier caso, si los actuales acusados acaban siendo procesados y condenados por sus crímenes, poca gente en Nicaragua les tendrá mucha simpatía.