- Se arrogan derechos de vigilantes del mundo
Una amplia denuncia mundial en contra de países supremacistas que aplican medidas coercitivas de manera unilateral, totalmente ilegales, sin fundamento ni razón en el derecho internacional, llamadas “sanciones”, ha promovido Nicaragua para llevarlo a foros internacionales ejerciendo el pleno derecho que le asiste como país libre y soberano.
Los fundamentos de la denuncia en contra de Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y países europeos, fueron presentados por el doctor Paul Oquist, ministro y secretario privado para políticas públicas del gobierno que preside el comandante presidente Daniel Ortega, contenidas en un extenso documento.
Las medidas coercitivas unilaterales son ilegales, expresa Oquist. “Las únicas sanciones legales son aquellas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Esas medidas ilegales sin fundamento en derecho han causado efectos nocivos a 39 países con una población global de más de 2,000 millones de seres humanos, lo que representa un caso de gran preocupación.
Estos países que se arrogan el derecho de aplicar “sanciones” están ejerciendo funciones de policías, fiscales, jueces y carceleros, como se dice en Nicaragua “juez y parte”, con autoridades fuera de todo rango de ley, explica el funcionario del gobierno sandinista.
Los Estados Unidos, Canadá y países de Europa que aplican sanciones y bloqueos en contra de gobiernos y pueblos no sumisos a sus dictados, son de mentalidad colonialista y neocolonialista de los siglos XVIII, XIX y XX, que se creen superiores y buscan mantener el dominio sobre los demás, fundamentalmente en los países y pueblos en desarrollo.
Son medidas unilaterales hechas por esos países que no les asiste ningún derecho de hacerlo, enfatiza Oquist, tras señalar que lo hacen amparados en la fuerza de su economía y de su poderío militar.
Pueden ser aprobados en sus congresos y parlamentos, pero son aprobaciones ilegales en cuanto al Derecho Internacional, porque están afectando a otros países violando todos los derechos humanos y civiles, donde no hay cargos, ni suposición de inocencia, ni derecho a la defensa, ni a un abogado y en caso que se diera la oportunidad de tener un abogado, no se podría pagar, “porque sería una institución designada pagando al abogado, y así se podría reprimir al abogado también”, expresa el funcionario.
Enfatiza que estos arrogantes países con marcada influencia supremacista y total desprecio al derecho internacional y a los derechos humanos no permiten el derecho a un debido proceso, un juicio, a la defensa, simplemente aplican un mandato administrativo sin ninguna posibilidad de recurso judicial, lo que se traduce en una violación de los derechos civiles y humanos.
Aplican muerte civil permanente
En las medidas que aplican imponen prohibiciones respecto a transacciones financieras contra individuos; aplicando una muerte civil permanente, convirtiéndose en un castigo cruel e inusual, actos que son inconstitucionales establecidos en la misma Constitución de Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales, pero esas medidas violan la Constitución del país supremacista.
A estas medidas se suma la característica de extra-territorialidad, pretendiendo que lo que los supremacistas hacen en Estados Unidos lo puedan hacer y realizar internacionalmente. Este mecanismo hace posible establecer una dictadura bancaria a través del SWIFT (sistema de mensajería interbancario, seguro de información entre bancos, utilizando un código internacional que los identifica), ubicado en Bélgica, que afecta a todo el sector financiero.
La dictadura yankee
Estados Unidos cuenta con un veto sobre las transacciones en los sistemas SWIFT, que en ningún otro país se crea este tipo de imposición, pero es una realidad. Los bancos temen perder el acceso al sistema SWIFT y por consiguiente las empresas y usuarios de compañías tienen temor de perder el acceso a los bancos. Entonces eso da un gran poder, explica Oquist, lo que se traduce en el uso de una fuerza bruta al controlar las transferencias bancarias mundiales convirtiéndose en una dictadura yankee sobre las finanzas del globo terráqueo.
En ese contexto de imposiciones los Estados Unidos reclaman extraterritorialidad, pretendiendo que sus propias leyes se apliquen en todo el mundo, pero rechazan la aplicación del derecho internacional en su propio territorio.Esa extraterritorialidad la demandan, tanto para las medidas individuales como económicas. Las medidas económicas las utilizan para aislar a un país, tratar de aislarlo del comercio, de las finanzas mundiales, para luego chantajear sus posiciones políticas, y también para otros propósitos mayores como desestabilización e intentos de golpes de Estado.