Fredy Franco (*)
Ante los actos violentos y destructivos como producto del intento golpista que sucedió en Nicaragua el año pasado, la Ley de amnistía (Ley 996) expresa la voluntad del Estado nicaragüense y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de continuar construyendo la paz y la reconciliación de las familias nicaragüenses, e ir dejando atrás la confrontación impulsada por los enemigos de la paz.
La historia de Nicaragua ha estado mayormente signada por la violencia, la guerra, golpes de Estado, el revanchismo y la exclusión; por eso, en 50 ocasiones de sus 198 años de vida republicana se ha recurrido a esta voluntad política y a este instrumento jurídico (la amnistía) que ha buscado la paz, la reconciliación y la convivencia nacional.
Más recientemente, en los años 80, pese a la guerra impuesta contra Nicaragua, en diez ocasiones el gobierno sandinista encabezado por el comandante Daniel Ortega recurrió a la aprobación de la ley de amnistía, para superar el conflicto bélico impuesto por los yanquis. Luego, en una sociedad de postguerra, a partir de los años 90 se aprobaron 4 leyes de amnistía con este mismo propósito.
Entre el 2007 y 2018, Nicaragua avanzó de manera próspera y pacífica, teniendo como premisa la reconciliación, el diálogo y el consenso. Sin embargo, este avance fue interrumpido de manera violenta por los enemigos del pueblo nicaragüense: el imperio y la derecha vendepatria, que desarrollaron una estrategia de guerra psicológica y terrorista que produjo odio, división, muerte y destrucción entre abril y julio de 2019.
Se produjo –como en otros de nuestra historia- un momento doloroso y trágico que demanda esfuerzos del Estado y la sociedad para que no se repita el terror vivido que nos dividió, confrontó e hirió profundamente la convivencia social y nacional.
El gobierno sandinista supo enfrentar con mucha responsabilidad, madurez y serenidad el intento golpista violento y terrorista, hasta derrotarlo, dando luego los pasos necesarios para recuperar la paz herida y volver al país a la tranquilidad, a la seguridad y a la convivencia pacífica.
Por eso, en aras de superar la confrontación y buscar la unidad de la familia nicaragüense, se aprobó la Ley de Amnistía este 8 de junio por la Asamblea Nacional y se publicó en la Gaceta dos días después.
Pilares de la paz
Con esta ley quedaron liberados todos aquellos que participaron en los actos criminales, violentos y terroristas que afectaron la vida, la tranquilidad y la paz del pueblo, con la perspectiva de que con ello se contribuya a alejar la violencia, reconciliar y unir a la familia nicaragüense.
No obstante, el beneficio de la amnistía no implica impunidad, ni olvido ni repetición. Es claro el artículo 3 de la Ley al establecer el principio de la NO REPETICION, que implica que si los que fueron beneficiados incurren de nuevo en actos criminales, se le suspende el beneficio y deberá pagar por el delito anterior y el nuevo que cometa.
Por tanto, la Ley de Amnistía no es una patente de corso para que los beneficiados por la misma sigan en sus fechorías, sino que es una oportunidad para reflexionar, escarmentar, para pensar en el bien común de Nicaragua, que tiene como base la paz.
La consolidación de la paz y la reconciliación en Nicaragua se logrará, además del compromiso individual y colectivo de los nicaragüenses, con distintos programas sociales y acciones estatales y jurídicas como la Ley de Amnistía, y otras que se han venido aprobando e implementando.
La Ley de Amnistía es uno de los pilares de la paz y reconciliación, los otros lo forman: la “Ley de cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz”; la “Ley de Atención Integral a las Victimas”; y el Programa de Retorno Seguro y Asistido para los que migraron producto de los acontecimientos violentos del año pasado.
La ley de cultura de paz -como popularmente se le conoceexpresa una visión integral de la paz, relacionado con otros procesos como el diálogo, la seguridad, el trabajo y la reconciliación; se establece la responsabilidad de las familias y las comunidades para forjarla y defenderla, y el aporte de determinados sectores o espacios de socialización para promoverla y construirla:
Defender la unidad y la convivencia
La comunidad educativa, las iglesias, los medios de comunicación, etc; el papel de las instituciones para su forja, principalmente el gobierno de la Republica a través de los ministerios de la Familia, de Educación y de Salud, entre otros, a través de decenas de programas para impulsar la paz social de nuestro pueblo.
La Ley de Atención Integral a las Víctimas busca atender los traumas humanos, psicológicos y sociales provocados por la violencia golpista directamente en miles de nicaragüenses, que perdieron un ser querido, sufrieron lesiones físicas y psicológicas, entre otras afectaciones. Para ello se disponen programas de atención e instituciones gubernamentales de carácter social encabezadas por la Procuraduría para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua.
El Programa de Retorno Seguro y Asistido está dirigido a los nicaragüenses que por el episodio de violencia migraron del país, muchos de ellos por un asunto de seguridad, y otros porque cometieron delitos; estos últimos pueden regresar protegidos por la Ley de Amnistía. El gobierno apoya el regreso de los que salieron fuera del país con todas las garantías constitucionales y legales; este programa contribuye de manera fundamental a la unidad de la familia nicaragüense.
Todos esos esfuerzos estatales, gubernamentales, programáticos y jurídicos están tomando concreción con la formación y funcionamiento de las Comisiones de Reconciliación, Justicia y Paz (conocidas como Comisiones de Paz) en el nivel comunitario, municipal, departamental y regional, que permitirá forjar la reconciliación, la convivencia, restablecer el tejido social roto y la solidaridad desde la familia y la comunidad
Al final, como nación y sociedad hemos creado el andamiaje básico necesario para defender la paz del pueblo nicaragüense y no permitir que se repitan hechos violentamente desgarradores, hechos que nos confrontan innecesariamente como hermanos, llegando hasta la destrucción y la muerte.
Debemos aprender a resolver nuestras diferencias a través del dialogo, el consenso, las vías legal, cívica y electoral. Por eso a defender la unidad y la convivencia pacífica del pueblo nicaragüense, que es la premisa para seguir avanzando y progresando.
(*) Cientista Social e Historiador, Profesor Titular UNAN-Managua.