- Muertos, heridos, lesionados, destrucción, daños en la economía nacional y caos es lo que dejó la derecha golpista en Nicaragua
20 Julio, 2018
La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presentó un informe preliminar de los hechos violentos sucedidos en Nicaragua entre el 18 de abril al 4 de julio del 2018, que han ocasionado muertes, detenciones, secuestros, violaciones a derechos humanos, daños a la propiedad pública y privada y una grave afectación a la economía nacional.
El informe señala que hasta el 4 de julio de 2018 recibió 430 denuncias de diversos actores sobre muertes, heridos, destrucciones de materiales privados y públicos y actos de violaciones de derechos humanos de las personas.
Dicho informe indica que hasta esa fecha se registró 222 personas fallecidas, 12 mujeres y 197 hombres, de las cuales 13 no estaban vinculadas a las protestas.
Menciona que 184 personas murieron en el marco del conflicto y 25 personas en fuego cruzado. De la totalidad de personas fallecidas identificaron 57 trabajadores por cuenta propia, 49 trabajadores por cuenta ajena, 28 desempleados, trece policías, once menores de edad no estudiando, diez estudiantes universitarios, nueve comerciantes, seis estudiantes de secundaria, cinco campesinos, cuatro taxistas, cuatro amas de casa, cuatro infantes, dos desconocidos, dos periodistas, dos vigilantes y tres docentes. La mayoría son jóvenes y del sexo masculino.
“La cifra depurada después del estudio de las diferentes fuentes disponibles y los resultados propios de nuestra investigación, nos permiten registrar 209 personas fallecidas, de las cuales son 12 mujeres y 197 hombres”, dice el informe.
Afirma que durante el periodo analizado se observó un continuo aumento de personas fallecidas durante los eventos masivos, constatando un incremento a partir del 30 de mayo, coincidiendo con el establecimiento de tranques sobre las principales vías de acceso y cascos urbanos.
En tal sentido, las investigaciones de la Comisión determinaron que 108 personas murieron en los tranques, 31 durante las protestas contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), trece en resguardo a bienes públicos y privados, dos en ocasión de la destrucción de estructuras metálicas conocidas como árbol de la vida, seis víctimas de incendio y 25 víctimas colaterales en fuego cruzado. Asimismo cuatro personas secuestradas, torturadas y ejecutadas en Sébaco y Mulukukú, un productor secuestrado y ejecutado en Chontales, diez personas fallecidas en el sector de la UPOLI, ocho en la marcha del 30 de mayo y una en la marcha Las Flores en Managua.
La Comisión además verificó que en sectores aledaños a las universidades hubo dos fallecidos en la UNAN-Managua, uno dentro de la universidad y uno en un tranque aledaño a ésta; tres dentro de las instalaciones de la UPOLI y siete fuera de ésta; diez se dieron en las inmediaciones de la UNI, de las cuales dos personas fallecieron en las protestas iniciales contra la reforma del INSS y ocho en marcha del 30 de mayo.
Tranques: escenario de violación de los derechos humanos
Los tranques instalados por los supuestos “manifestantes pacíficos” se convirtieron en centros de tortura, secuestro, muerte y destrucción, con la ejecución de los actos más atroces, repudiables y bárbaros contra las personas, en su mayoría afines al gobierno y funcionarios públicos.
En el informe preliminar, la Comisión expresa que a pesar de que el argumento para sus establecimientos era la protección y garantía de los manifestantes, los tranques se mantuvieron a costa de los agentes económicos y la población en general, lo cual se derivó un aumento de personas fallecidas. “Los tranques se constituyeron en escenarios de violaciones múltiples de los derechos humanos, puesto que en los mismos se cobraban peajes, se impedía la libre circulación y la gran mayoría estaban protegidos por personas que portaban diferentes tipos de armas de fuego, tanto de fabricación artesanal como industrial”, dice el informe.
“El uso de la fuerza pública acompañado con fuerzas de choque elevaron aún más el número de víctimas, en clara violación a los derechos humanos. Esta Comisión ha apuntado 108 personas fallecidas a consecuencia de los tranques, la mayoría trabajadores por cuenta propia, desempleados y policías. Asimismo, ha recibido múltiples denuncias sobre casos de torturas, humillaciones, violaciones sexuales, muertes por impedir movilización de personas enfermas, desabastecimiento en distintas zonas del país. Igualmente, incremento de precios en los productos de primera necesidad, ausentismo laboral y escolar”, agrega.
Respecto a las personas lesionadas durante el conflicto, afirma que ha conocido mediante los distintos medios de comunicación la cantidad de 2,225 personas que exponen haber sufrido alguna lesión en su integridad física, la mayoría jóvenes de sexo masculino. No obstante, la Comisión solamente tiene información verificada de 1,325 personas atendidas al 26 de junio del 2018 por los hospitales a cargo del MINSA y de la clínica y hospitales a cargo del INSS; de las cuales 119 son mujeres y 1,206 hombres.
La Comisión destaca que desde el 18 de abril a la fecha (4 de julio), ha conocido de denuncias de ciudadanos, de uno y de otro bando, que han sufrido vejámenes tanto en su persona como a sus familiares y que por no contar con información oficial, no pueden determinar su situación actual.
“Se ha observado durante la violencia sostenida, la práctica de secuestros como una forma usada para crear una atmósfera de inseguridad, sobre todo para someter intencionadamente a las víctimas a torturas mediante golpes, fracturas de huesos, azotes, quemaduras con sustancias químicas, violaciones sexuales, quemados vivos, incluso hasta llevarlas a la muerte”, refiere.
“Esta Comisión conoció que estos actos se cometieron mayormente en los sectores donde se desarrollaron los tranques y protestas en diferentes departamentos de país, predominando el secuestro de funcionarios públicos y personas afines al gobierno”, añade.
La Comisión tuvo conocimiento de 620 personas detenidas hasta el 02 de junio del 2018, quienes fueron liberadas en presencia de la Iglesia Católica y algunas organizaciones de Derechos Humanos, con excepción de 6 que fueron remitidas a la vía judicial.
Saqueos y destrucción
Menciona que durante el periodo del 18 de abril al 16 de junio se registraron 126 hechos de destrucción, quema, saqueo, robo a infraestructura y vehículos privados y del Estado, siendo uno de los más afectados el sector turismo principalmente en las ciudades de Granada y León.
Por otra parte la Cruz Roja Nicaragüense reportó 14 ambulancias con daños parciales en el periodo del 18 de abril al 19 de junio del 2018. También medios de comunicación fueron destruidos parcial o totalmente como Radio Darío de León, Radio Ya y Radio Nicaragua en Managua y Radio Estero Yes en Matagalpa.
Las instituciones públicas que resultaron más afectadas son: el Ministerio de Transporte e Infraestructura, la Policía Nacional, ENATREL, Alcaldías Municipales, INTUR (Turismo Público y Privado), ENACAL y cartera PRONIC.
El Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) reporta 78 municipios con afectaciones directas como: quemas de edificios públicos, destrucción de calles, quema de maquinaria pesada, saqueo de equipos y parques afectados. En caso de la Policía Nacional 5 delegaciones presentan daños totales y 32 parciales. El impacto de los hechos de violencia deja al Ministerio de Salud pérdidas ocasionadas a 18 edificios dañados, 107 vehículos destruidos, 64 de estos son ambulancias; así como maquinarias y equipos odontológicos, ultrasonidos, clínicas móviles y medicamentos.
El informe detalla que el Ministerio de Educación contabiliza daños parciales en Centros Educativos, Institutos y Bienes muebles en Managua, Carazo, Granada, Estelí, Nueva Segovia, Jinotega, y Boaco. Subraya que estos daños causarán un desmejoramiento en la calidad de las condiciones en que se brinda la educación primaria y secundaria, como un derecho de las niñas, niños y adolescentes, así como su acceso libre a dichos centros.
Asimismo, menciona que en fecha 20 y 21 de abril del 2018 la infraestructura de la Delegación Administrativa de los Juzgados de Masaya fue quemada y el edificio de los Juzgados Local Penal, Distrito Penal de Juicio y Defensoría Pública de Diriamba- Carazo fue saqueado y dañada significativamente su infraestructura.
La Empresa Portuaria Nacional (EPN), reporta daños a las infraestructuras de los puertos marítimos y lacustres del país en: Puerto Cabezas, Arlen Siu, El Bluff, Sandino, San Jorge, San Juan del Sur y Salvador Allende.
La Comisión conoció además sobre casos de destrucción de patrimonio cultural de la nación en las ciudades de León, Masaya y Granada, daños a la estructura arquitectónica y artística y pérdida de documentos históricos de gran contenido cultural y de la identidad local, por actos de violencia injustificados.
Las pérdidas económicas provocadas por estos delincuentes disfrazados de “manifestantes pacíficos” son millonarias. El informe de la Comisión indica que de acuerdo a un informe presentado por el Presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN) el pasado 27 de junio, la economía nacional había registrado pérdidas por encima de los 430 millones de dólares.
Además, refirió que se espera una pérdida de 85 mil 100 empleos. Respecto a la inversión extranjera, informó de una afectación de 238 millones de dólares y en las exportaciones de 440 millones de dólares.
Conclusiones y recomendaciones
En las conclusiones del informe, la Comisión destaca que las demandas iniciales de carácter reivindicativo fueron reemplazadas por otras de carácter netamente político, cambiando incluso el carácter de marchas pacíficas a protestas territoriales circunscritas a las vías principales de accesos y centro de ciudades, escalando a niéveles inaceptables de intolerancia, incluso llamando a la desobediencia civil, conculcando los derechos humanos fundamentales de la población, en términos de vida, salud, educación, libre circulación, seguridad ciudadana, alimentación, producción y trabajo, entre otros.
Otra de las conclusiones refiere que “al uso de la fuerza pública desproporcionada por parte de la Policía Nacional, hay que mencionar que ésta ha tenido que responder al ataque de armas de fuego convencionales y artesanalmente (morteros y hechizas), de diferentes calibres y alcances, capaces de causar graves daños a la integridad física. La Policía Nacional ha sufrido 13 bajas mortales y más de un centenar de lesionados. Los episodios atestiguan uso de armas convencionales, en ambos bandos”
La Comisión además comprobó que el Ministerio de Salud (MINSA) y el INSS, dieron órdenes expresas de dispensar atención y servicios médicos a las personas que asistieran a los hospitales, centros de salud, puestos médicos y unidades previsionales.
Al final del informe, la Comisión hace una serie de recomendaciones, instando al cese inmediato de todo tipo de violencia venga de donde venga, a aceptar y hacer efectivo el cronograma del Programa de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de Nicaragua, acordado entre el Gobierno y la OEA y a la continuidad del Diálogo Nacional.