Valeria Imhof
La Asamblea Nacional aprobó en lo general la iniciativa de Ley de Reformas y Adición a la Ley 842, Ley de Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que garantiza una mejor y mayor protección de los derechos de los consumidores y usuarios en el acceso a los bienes y servicios.
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, señaló que el proyecto de ley es impulsado por el gobierno sandinista para fortalecer los derechos de los consumidores y reconocer de manera concreta y objetiva al Estado como consumidor de bienes y servicios.
Explicó los dos elementos puntuales de la reforma que tiene que ver con la condición del Estado como consumidor y usuario, y corregir la relación desigual entre el proveedor de servicios financieros y los usuarios.
“La ley hace especial énfasis en los usuarios de bienes y servicios del sector financiero y en su desventaja en relación a los proveedores de estos servicios que de manera unilateral tenían la potestad de cancelar créditos y elaborar contratos de manera arbitraria contrario a los intereses de los usuarios”, indicó Gutiérrez.
Añadió que no puede suceder que se tenga instituciones financieras con patente de corso que decidan al margen de la Constitución, de la ley, del debido proceso, de la presunción de inocencia, de la igualdad ante la ley, decidiendo quién vive y quién muere en materia financiera en el país.
“No es posible en este siglo XXI que nosotros sigamos con esa concepción clásica, de que en esta relación desigual haya una parte de la relación contractual que decida quién vive y quién funciona financieramente y quién no, y lo peor del caso, es que ni siquiera tenga la responsabilidad de notificarte y justificarte”, dijo Gutiérrez.
En ese sentido, la ley mandata a las instituciones financieras a que los usuarios de estos servicios sean notificados de manera fehaciente sobre una decisión de negativa o cancelación de un servicio financiero, y que justifique o argumente las razones de dicha decisión.
“Esta es una reforma positiva, una reforma necesaria que respeta los acuerdos internacionales en el marco del combate a la narcoactividad, al crimen organizado y al blanqueo de capitales, pero lo más importante; una reforma que viene a ponerle un freno a los abusos que las instituciones del sistema financiero nacional han venido aplicando como una práctica cotidiana en contra de los consumidores y usuarios de servicio financiero”, remarcó el legislador.
Asimismo dijo que las entidades financieras no pueden generar disposiciones que contradigan la Constitución y legislación nacional.
“Ellos dicen que tienen arreglos con bancos extranjeros y que, para ellos, ese arreglo vale más que las leyes de la República. Ellos pueden tener arreglos o corresponsalías, pero no deben estar contra la Constitución ni leyes nacionales, sino más bien deben de observarlas y respetarlas”, indicó.
De acuerdo a Gutiérrez, la reforma coincide con las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, en la cual reconoce que los países deben poner frenos a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas que perjudiquen a los consumidores.
Estado como garante de los consumidores
La ley además sirve de marco de defensa de los derechos de todos los consumidores ya que por primera vez en la historia se mandata a todas las instituciones públicas y privadas para que tomen la ley y la adecuen en sus propios ámbitos de competencia.
“En esta iniciativa de ley el Estado se convierte en consumidor para que, como garante de los intereses y el bienestar de la población nicaragüense, asegure las necesidades en la prestación de los servicios de infraestructura, salud, educación, agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones, etc., mismos que por disposición constitucional es obligación del Estado promoverlos, facilitarlos y regularlos”, dice el documento de la reforma de la ley.
El proyecto de ley fue consultado a más de 300 representantes del sector privado, de las instituciones defensores de los consumidores, el movimiento comunal y entes autónomos.